“El proyecto de Boasso busca prohibir las colas de espera que mantengan parada a las personas por un tiempo mayor a los 30 minutos. Las que se realicen a la intemperie o en el exterior.  Y las que, aunque provean suficiente asientos, superen los 90 minutos de espera”

 

El radical Jorge Boasso recuerda su proyecto de ordenanza para que en Rosario también se considere como “trato indigno” al consumidor o al usuario, este tipo de prácticas en comercios, instituciones e incluso en la administración pública “ya que el Estado es quien tiene que dar el ejemplo en el cumplimiento de la Ley” sostuvo el ex-Concejal rosarino.

La iniciativa tomó el antecedente de la Legislatura porteña, donde se aprobó una Ley que establece como "práctica abusiva" hacer filas de a pie por más de media hora o a la intemperie. De esta manera, se podrá denunciar a instituciones y/o locales que sometan a usuarios o consumidores a este tipo de esperas prolongadas.

También se prohíbe toda práctica de atención al público que obligue a esperas mayores de 90 minutos, para el caso de quienes se encuentren sentados. La norma establece el carácter de “práctica abusiva”, aun cuando se provea a los clientes de suficientes asientos, haya instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.

"En Rosario queremos que estas prácticas constituyan una contravención, con su correspondientes sanciones y hasta clausuras, en caso de reincidencia", expresó Boasso, quien a más de dos años de presentado el proyecto aún no ve avances por parte del Municipio.

La autoridad de aplicación debe iniciar actuaciones administrativas de oficio contra la institución o local comercial, amparado en las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (Nº 24.240) y de Lealtad Comercial (Nº 22.802). A su vez, aclaró Boasso, se debería denunciar la infracción a un número gratuito 0800 o por Internet; sin perjuicio de utilizar los demás canales habilitados para denuncias, como la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Las Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso:

a) Apercibimiento;

b) Multa de quinientos pesos ($ 500) a quinientos mil pesos ($ 500.000), hasta alcanzar el triple de la ganancia o beneficio ilegal obtenido por la infracción;

c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días;

e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado;

f) La pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

En todos los casos, se dispondrá la publicación de la resolución condenatoria, a costa del infractor en el diario de mayor circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

Para finalizar, Boasso recordó su proyecto, expte Nº 107.516, presentado en el año 2000, donde establecía Principios e Instrumentos para la prestación de Servicios Públicos; Y que, entre otros puntos, imponía sanciones por incompetencias a los organismos públicos.