Si bien resulta habitual que se brinde este beneficio, los colegios no tienen ninguna obligación de otorgar becas a familias con varios hijos inscriptos.

En materia de aranceles por los servicios que prestan los establecimientos de educación pública de gestión privada, entre otras reglas y/o criterios que circunstanciadamente deban aplicarse, rige el Decreto N° 2.417/93, con vigencia en todo el país. Este decreto contiene normas que alcanzan a los establecimientos que reciben subvención estatal (comprendidos en el Decreto N° 2.542/91), otras aplicables a los que no reciben subvención estatal, y también algunas aplicables a ambos.

Colegios con subvención estatal: Al comienzo del ciclo lectivo, estos establecimientos deben cobrar el arancel informado antes del 31 de octubre del año anterior.
Colegios sin subvención estatal: Al comienzo del ciclo lectivo, estos establecimientos deben cobrar el arancel informado antes del 1° de octubre del año anterior.

Durante el año lectivo, todos los establecimientos, reciban o no subvención estatal, solamente pueden incrementar los aranceles en la medida en que incidan sobre ellos el mayor costo laboral que deban afrontar, y conforme las pautas establecidas por el propio Decreto N° 2.417/93.

El contrato de servicio educativo se rige por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, integrada acerca de las cuestiones vinculadas con este elemento del contrato (el precio) por lo dispuesto por el Decreto N° 2.417/93 en virtud de lo establecido en el artículo 3 ° de la propia ley. Por ello, en esta materia son competentes para intervenir las autoridades de Defensa del Consumidor de cada provincia, o del municipio que corresponda en caso de tener delegadas las atribuciones.